Ha surgido en las redes sociales una discusión en torno a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre avalar la reforma constitucional en Baja California que protege a la vida desde la concepción, por lo cual el aborto se considera un delito casi tan grave como el homicidio. Un delito por el cual al menos 23 mujeres están cumpliendo condenas en las prisiones de ese estado. Pero lo mismo sucede en San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Hidalgo y al menos otros 11 estados del país, donde se pasaron leyes antiaborto desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México, en abril de 2007, donde más de 58 mil mujeres han interrumpido el embarazo de manera segura. Esa fue una decisión ratificada por la misma Suprema Corte, que en mayo de 2009 dejó por escrito: “Este tribunal considera que la medida utilizada por el legislador resulta de este modo idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres, pues la no penalización de la interrupción del embarazo tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto de su cuerpo, de su salud física y mental e, incluso, respecto de su vida, pues no podemos desconocer que aun en la actualidad, como lo refiere claramente el legislador del DF en su exposición de motivos, existe mortandad materna”.
¿Qué pasó entre mayo de 2009 y 2011 para que los ministros se acobardaran (no todos, fueron 7 votos, contra 4, de los 8 que se necesitaban para echar atrás la reforma)? Qué tristeza ver un país donde un personaje nefasto como Jorge Serrano Limón, dirigente de Provida, se pueda ir a celebrar el resultado de la Corte mientras que miles de mujeres seguirán obligadas a “decidir” entre: tener a un hijo no deseado, muchas veces solas, sin dinero y sin apoyo del hombre que las embarazó (algunas veces como consecuencia de una violación) o buscar un aborto clandestino que las puede llevar a la cárcel o a la muerte.
"¡Saquen sus rosarios de nuestros ovarios!"
